Una impactante denuncia ha sacudido a la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó. Una detective de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales ha acusado a su exjefe de la unidad de haberla acosado sexualmente durante una reunión interna del equipo en 2024.
Según informó la Fiscalía Regional de Atacama, la denuncia fue formalmente presentada y se encuentra actualmente en etapa investigativa, sin haber sido aún judicializada. La PDI confirmó la existencia de la denuncia y señaló que se instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos.
Medidas Preventivas y Postura Institucional
Como medida preventiva, la PDI trasladó al funcionario acusado a otra región del país, una acción que forma parte de los protocolos internos que la institución aplica ante este tipo de situaciones.
En un comunicado, la PDI reiteró su postura firme frente a este tipo de conductas, enfatizando que «no ampara ni acepta comportamientos que se contrapongan a la Ley, Ética y Valores institucionales». La institución advirtió que, de establecerse responsabilidades, se adoptarán las máximas sanciones.
Implicaciones y Preocupaciones
Este caso ha generado una profunda preocupación, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el hecho de que el presunto acosador ocupaba un cargo de liderazgo en la unidad encargada de investigar delitos sexuales. Esto plantea serias interrogantes sobre la cultura organizacional y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la PDI.
Expertos en derechos laborales y violencia de género subrayan la importancia de que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y transparente, garantizando la protección de la víctima y el debido proceso. Asimismo, destacan la necesidad de que la PDI implemente medidas más robustas para prevenir y abordar eficazmente este tipo de situaciones en el futuro.
Llamado a la Rendición de Cuentas
Este escándalo ha generado un llamado a la rendición de cuentas y a la adopción de una cultura organizacional más sana y respetuosa dentro de la PDI. Las autoridades y la ciudadanía esperan que este caso sirva como un catalizador para promover cambios estructurales que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la institución.
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