La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana ha tomado una medida drástica al prohibir de forma permanente la operación del «Vertedero Controlado Popeta» en Melipilla. Esta decisión se debe a los reiterados incumplimientos de las normativas sanitarias y los riesgos inminentes que representaba para los trabajadores y el medio ambiente.
Dos exhaustivas inspecciones revelaron una serie de graves infracciones en el vertedero. Se constató la superación de la cota máxima autorizada de residuos, la presencia masiva de vectores sanitarios como moscas y aves, la operación de camiones con fallas graves en los frenos y la disposición de residuos sin la autorización vigente. Además, las obras del nuevo relleno sanitario presentaban un «muy poco avance», lo que agravaba la situación.
Riesgo de deslizamiento de residuos
Un informe técnico clave del 10 de junio de 2025 concluyó que el vertedero carecía de la estabilidad necesaria. Según el estudio, «existe riesgo de deslizamiento de la masa de residuos para la condición sísmica» y «no es posible autorizar la disposición de residuos en ninguno de los sectores propuestos», ya que la estructura no cumplía con un decreto del Ministerio de Salud.
Multa y redireccionamiento de residuos
Como consecuencia, la Ilustre Municipalidad de Melipilla, propietaria del vertedero, recibió una multa de 20 UTM (poco menos de 1,5 millones de pesos) y la orden de enviar los residuos sólidos domiciliarios de Alhué, San Pedro y Melipilla a un sitio autorizado. La resolución advierte «bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento».
Aunque el municipio presentó planes de contingencia y se comprometió a reubicar las operaciones al talud oriente, la Seremi de Salud determinó que no refutaron las infracciones. En sus descargos, el municipio admitió que la recuperación de la cota segura demoraría seis meses, pero la autoridad destacó que «la sumariada no dio cumplimiento irrestricto a las instrucciones específicas».
Prohibición definitiva y exigencia de subsanar deficiencias
La medida sanitaria ratifica la prohibición in situ de abril de 2025 sobre la disposición de residuos en la plataforma superior del vertedero. Además, exige al municipio subsanar todas las deficiencias detectadas, mientras que funcionarios fiscalizarán el cumplimiento. El oficio advierte sanciones por reincidencia.
La resolución fusionó dos expedientes donde se verificó que el vertedero operaba sin autorización tras el vencimiento de la Resolución N°868 del 15 de abril de 2025. El municipio había solicitado una prórroga, pero el informe técnico la invalidó por los riesgos identificados.
Oportunidad de apelación
La sentencia notificada a la alcaldesa Paula Andrea Garate otorga un plazo de cinco días hábiles para apelar la multa ante la Seremi de Salud o a través de tribunales ordinarios.
Las inspecciones previas ya habían revelado negligencias, como la multa impuesta en 2024 a la empresa DEMARCO S.A. por operar un camión con revisión técnica rechazada. Pese a los compromisos, en 2025 persistían problemas como bolsas plásticas dispersas y taludes inestables, violando lo decretado por la autoridad sanitaria.
