En un controvertido movimiento, el gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha autorizado la compra y tenencia de armas semiautomáticas por parte de la población civil. Esta decisión, que deroga una prohibición vigente desde 1995, ha generado preocupación entre expertos y organizaciones por las posibles consecuencias que podría tener en materia de seguridad pública.
Según el decreto firmado por el presidente Milei, el jefe de ministros Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se permitirá la adquisición de armas «alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22». Esta medida se enmarca en una serie de flexibilizaciones en torno a la tenencia de armas de fuego en el país.
Preocupaciones de Expertos y Organizaciones
Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, advierte que esta decisión gubernamental «minimiza las consecuencias» y parece responder a una «postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego».
Alfie señala que, con la incapacidad de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para ejercer un control efectivo, «en los hechos estamos abriendo el riesgo de que estas armas se desvíen al mercado ilegal o grupos de crimen organizado». Además, destaca que esta medida va en contra de la tendencia de países como Australia y Nueva Zelanda, que han restringido la venta de armas semiautomáticas tras ataques violentos.
Contexto de Violencia Armada en Argentina
Según datos oficiales citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 2022 uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue cometido con armas de fuego. Esta situación ha llevado a que el país mantenga hasta diciembre de 2023 un programa nacional de entrega voluntaria de armas, que ha recibido e inutilizado más de 200.000 armas y dos millones de municiones desde su creación en 2006.
La ministra Bullrich, defensora de la libre portación de armas, ha justificado la medida argumentando que si los ciudadanos tienen derecho a votar, ir a la guerra o cambiar de sexo a los 18 años, también deberían poder ser «legítimos usuarios o portadores de un arma».
Conclusión: Preocupación por el Aumento de la Violencia Armada
La decisión del gobierno argentino de autorizar la compra y tenencia de armas semiautomáticas en la población civil ha generado una profunda preocupación entre expertos y organizaciones dedicadas a la seguridad y el desarme. Temen que, ante la falta de controles efectivos, estas armas puedan desviarse al mercado ilegal o ser utilizadas por grupos delictivos, lo que podría agravar aún más los altos índices de violencia armada que ya enfrenta el país.
