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Colegio Nido de Águilas condenado por negligencia previa al suicidio de estudiante Katy Winter

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Colegio Nido de Águilas condenado por negligencia previa al suicidio de estudiante Katy Winter

En una decisión impactante, el 16.º Juzgado Civil de Santiago ha determinado que el Colegio Nido de Águilas, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, incurrió en responsabilidad contractual por su negligencia previa al suicidio de la estudiante Katy Winter.

La tragedia ocurrió el 22 de mayo de 2018, cuando Katy, de 16 años, se quitó la vida en una sucursal de Starbucks. Si bien la madre de Katy interpuso una demanda civil por $350 millones de indemnización, el tribunal no la acogió debido a que los hechos estaban prescritos.

Incumplimientos del colegio antes del suicidio

Según el fallo, el Colegio Nido de Águilas incumplió dos obligaciones clave antes del trágico desenlace:

1. Permitir la salida no autorizada de la estudiante

El tribunal estableció que el colegio tenía la «obligación de cuidado» sobre Katy desde el momento en que ingresó al establecimiento. Sin embargo, el día de su fallecimiento, la joven salió del colegio sin autorización y pidió un vehículo de transporte hasta Providencia, lo cual fue considerado un «incumplimiento negligente».

2. Falta de protocolo adecuado ante el acoso escolar

La familia de Katy denunció que el colegio no tomó las medidas necesarias para proteger a la adolescente del acoso psicológico que sufría por parte de sus compañeros. El tribunal determinó que el colegio «no aplicó un protocolo acorde a la situación vivida» y que su «obligación de resguardo psicológico» sobre los alumnos no se limitaba solo a tener protocolos, sino a aplicarlos de manera efectiva.

Sanciones previas al colegio

Es importante mencionar que, en mayo de 2019, la Superintendencia de Educación ya había multado al Colegio Nido de Águilas con 51 UTM (poco más de $3.500.000) por infracciones relacionadas con este caso.

Si bien la demanda civil de la madre de Katy no prosperó debido a la prescripción de los hechos, esta decisión judicial envía un mensaje claro: los colegios tienen la obligación de velar por la seguridad y el bienestar integral de sus estudiantes, y serán responsabilizados por incumplir con esos deberes.

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