Sin duda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ha sido uno de los más requeridos tras la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. El anuncio de la modificación del penal Punta Peuco a una cárcel común generó controversia al interior del mundo político.
Desde su oficina ministerial, Gajardo explica que las razones esgrimidas por el presidente Boric son prácticamente las mismas que cuando el expresidente Sebastián Piñera anunció el cierre del penal Cordillera hace 12 años: igualdad ante la ley y la posibilidad de que Gendarmería gestione adecuadamente el sistema penitenciario.
Transformación de Punta Peuco a Cárcel Común
Según el ministro, no existe justificación para tener un penal especial para personas que cometieron graves delitos, violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto restringe las facultades de Gendarmería para gestionar el sistema penitenciario de manera adecuada.
El proceso administrativo ya se inició, con el informe técnico de Gendarmería, y se espera que en las próximas semanas se publique el decreto que transforme Punta Peuco en una cárcel común, al igual que los otros 80 establecimientos penales del país.
Segregación de Población Penal en Punta Peuco
Lo más probable, según Gajardo, es que en Punta Peuco se alojen personas mayores con baja o mediana peligrosidad para el sistema penitenciario, independientemente del tipo de delito cometido. Además, se está evaluando la posibilidad de ampliar el recinto para acomodar a esta nueva población.
Desafíos del Sistema Penitenciario
Al asumir el gobierno, el ministro Gajardo recibió un sistema penitenciario que rápidamente se sobrepobló, con un crecimiento exponencial de más de 20.000 personas privadas de libertad en los últimos tres años.
Para hacer frente a esta situación, el gobierno ha implementado un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que contempla la ampliación de establecimientos existentes y la construcción de nuevas cárceles. Se estima que se necesitan entre 20.000 y 25.000 plazas más para resolver la sobrepoblación.
Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia
Otra prioridad de la administración Boric es el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Gajardo destaca los avances significativos, como la publicación de la primera nómina oficial del Estado de Chile con las 1.469 personas detenidas desaparecidas, y la incorporación de la Iglesia Católica al Comité de Seguimiento y Participación.
El ministro está convencido de que, independientemente de quién sea el próximo presidente o presidenta, esta política pública prevalecerá, ya que todos los candidatos valoran la importancia de los Derechos Humanos.
