La Defensora Nacional, Verónica Encina, ha abordado el proyecto de ley conocido como «Ley Mordaza 2.0», que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes reservados. Según Encina, «la solución no está en criminalizar la defensa ni a los medios de comunicación».
En una declaración pública, la autoridad profundizó en los aspectos más preocupantes de esta iniciativa, que busca evitar filtraciones como las ocurridas en los casos Audio, Monsalve y Convenios modificando diversos cuerpos legales para tipificar estas acciones como delitos.
Una Carpeta Paralela de Información Reservada
Uno de los aspectos más cuestionados por Encina es la creación de «una carpeta paralela de información reservada», un repositorio de antecedentes que el Ministerio Público podrá separar del archivo principal sin control judicial efectivo. Esto impediría que la defensa, las víctimas y los querellantes puedan acceder a dicha información, lo que «rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio: el equilibrio entre partes y el control cruzado».
El Riesgo de Criminalizar la Actividad Periodística
Además, la Defensora también criticó el riesgo de que la iniciativa «criminalice la actividad periodística». Algunos de los tipos penales propuestos utilizan verbos como «informar», «difundir» o «divulgar», lo que podría sancionar no solo a quien filtra la información, sino también a quien la publica. «La línea entre el deber de reserva y la libertad de expresión debe estar claramente trazada», enfatizó Encina.
La Solución Debe Basarse en Datos, Trazabilidad y Control
Si bien la Defensoría Penal Pública comparte la preocupación por las filtraciones, Encina considera que «la solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar a la defensa ni a los medios de comunicación». Propone dotar al sistema de herramientas de control, como registros de acceso a la carpeta, auditorías y sanciones administrativas, evitando medidas que debiliten las garantías procesales o generen espacios opacos dentro del proceso penal.
En conclusión, la Defensora Nacional advierte que «avanzar hacia un sistema en que sólo una parte pueda ver y manejar la totalidad de los antecedentes, sin control, es caminar peligrosamente en la dirección contraria a la justicia. Porque en democracia, el poder que no tiene límites ni fiscalización siempre es un riesgo».
