En un giro inesperado, el Ministerio Público reveló que 42 funcionarios, incluyendo 10 fiscales, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica entre 2022 y 2025. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) ha adoptado una postura cautelosa, evitando condenar de plano a los implicados.
Patricia Ibarra, presidenta de la ANF, enfatizó que «no podemos emitir opinión o juicio a priori, porque no necesariamente el hecho que una persona haya viajado en periodo de licencia es delito». Según Ibarra, el foco debe estar en determinar si hubo fraude, ya que «lo más grave es que una persona pida licencia sin estar enfermo, porque eso sería constitutivo de un fraude de subvenciones».
Justificaciones Plausibles
La dirigente de la ANF mencionó que algunas de las posibles justificaciones de los fiscales podrían estar relacionadas con tratamientos médicos en el extranjero. «Una persona puede hacerse un tratamiento en el extranjero. Hay que analizar las instrucciones del médico tratante», explicó Ibarra.
Además, la ANF ha dejado claro que no avalarán conductas fraudulentas, pero insisten en que cada caso debe resolverse con pruebas. «No vamos a avalar a quienes hayan hecho un uso fraudulento de una licencia», declaró Ibarra, pero recalcó que «las sanciones dependen de la investigación».
Proceso de Investigación
Según Ibarra, el fiscal nacional ha derivado los antecedentes a las fiscalías regionales, donde se evaluará si hubo infracciones, considerando factores como el diagnóstico médico y las razones del viaje. «Se debe escuchar en cada caso cuál es la explicación», reiteró la presidenta de la ANF.
La ANF ofrecerá asesoría legal a los fiscales afectados, pero no intervendrá directamente en las investigaciones, ya que los sumarios son reservados y «hay que respetar ese proceso».
Conclusión: Cautela y Análisis Caso por Caso
La postura de la ANF refleja una aproximación prudente y equilibrada ante esta situación. En lugar de emitir juicios apresurados, la asociación aboga por un análisis exhaustivo de cada caso, considerando posibles justificaciones legítimas y evitando generalizar. Este enfoque busca garantizar que se respeten los debidos procesos y se llegue a conclusiones justas, sin poner en riesgo la integridad de la institución.
