En una medida sin precedentes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, ha ordenado la repetición íntegra de la práctica profesional para todos los egresados de Derecho que no hayan entregado el informe final requerido.
La Resolución Exenta Nº 1.488, firmada por el director general de la Corporación, Rodrigo Mora Ortega, establece que quienes no hayan cumplido con este requisito obligatorio tendrán un plazo de 15 días para entregar el informe. De lo contrario, deberán repetir por completo la práctica profesional, incluso si esta se realizó hace décadas.
Normalizar Procesos Inconclusos
Según la resolución, la Unidad de Prácticas Profesionales detectó un número indeterminado de casos sin informe final entregado, muchos de los cuales datan de más de 10 años. Esto ha generado un desorden administrativo con solicitudes de validación fuera de plazo y sin respaldo documental.
«Resulta necesario normalizar todos los procesos inconclusos», señala el documento, por lo que la Corporación resolvió aplicar la normativa con pleno rigor. El Ministerio de Justicia, liderado por Jaime Gajardo (PC), instruyó la publicación de la medida en el Diario Oficial como vía formal de notificación a los potenciales afectados.
Consecuencias para Egresados sin Informe
En términos simples, si un postulante no entrega su informe dentro del nuevo plazo y no hay constancia institucional de haberlo hecho, su práctica profesional no se considerará válida y deberá repetirla en su totalidad. La certificación quedará a cargo del ministro de fe de la institución, quien deberá verificar los documentos recibidos.
Cercanos al Gobierno reconocen que esta decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca cerrar un flanco histórico en el proceso de habilitación de nuevos abogados, aunque la magnitud del universo afectado aún no ha sido precisada oficialmente.
La Práctica Profesional en la CAJ
La práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) es un requisito obligatorio para obtener el título de abogado, según lo establece el Código Orgánico de Tribunales (COT). Este proceso permite a los egresados de Derecho adquirir experiencia real en el ejercicio de la profesión, atendiendo directamente a personas de escasos recursos en causas civiles y de familia, principalmente.
Durante el período de práctica, los postulantes deben desempeñar funciones jurídicas bajo la supervisión de un abogado jefe. Esto incluye la redacción de escritos, la asistencia a audiencias y la participación en la resolución de casos concretos. El proceso culmina con la elaboración de un informe final obligatorio, que detalla las labores realizadas y sirve como respaldo formal para acreditar el cumplimiento del proceso ante la Corte Suprema.
La CAJ Metropolitana, en particular, concentra una alta demanda de practicantes provenientes de diversas universidades, y está regulada por un protocolo interno que exige seguimiento, supervisión y cumplimiento de plazos. La entrega del informe final es el hito clave que valida el cierre del proceso.
Implicaciones y Alcance de la Medida
Según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, la medida aplicaría únicamente a personas que aún no se han titulado y permanecen en calidad de egresados de la carrera de Derecho, como el Presidente Gabriel Boric. Para ellos regirá esta disposición, no así para quienes ya ostentan el título de abogado.
Sin embargo, las autoridades aún no han aclarado si podría existir el caso de alguien que hubiese obtenido el título sin haber entregado el informe final de práctica. La magnitud del universo afectado tampoco ha sido precisada oficialmente, pese a que los números estarían dando vueltas por los cajones de las autoridades encargadas.
Esta resolución sin precedentes busca poner fin a décadas de omisiones y cerrar un flanco histórico en el proceso de habilitación de nuevos abogados en Chile.
