En un escrito dirigido a la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre el caso de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha negado tener conocimiento de «potenciales inhabilidades constitucionales» en el trato.
Boric recalcó que, dada la naturaleza de su función, su participación en el proceso de adquisición de la casa fue «acotada» y se limitó a la decisión inicial y la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual la Contraloría General de la República tomó razón.
El mandatario aseguró que «no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa». Posteriormente, al ser informado de las posibles consecuencias, instruyó que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó públicamente.
Boric también hizo valer la responsabilidad política de la ministra a cargo de la ejecución de esta tarea, y señaló que hay un sumario administrativo en curso para establecer otras responsabilidades. Además, indicó que se ordenó elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar este tipo de procedimientos en el futuro.
El Presidente afirmó que «es parte del compromiso de este gobierno contribuir a que las instituciones funcionen bien, promover la transparencia para enfrentar las dificultades y ser proactivos en mejorar los procesos ya existentes». En ese sentido, aseguró que el gobierno ha colaborado activamente con la Comisión Investigadora y con la investigación del Ministerio Público.
Boric reiteró su «convicción, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público» y que esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa.
