Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, han anunciado que citarán a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, a la comisión investigadora de la Fundación Salvador Allende. El objetivo es aclarar los recursos públicos que han sido transferidos a dicha organización desde el año 2022 hasta la fecha.
Esta acción se enmarca en los antecedentes que revelan un contrato suscrito en 2004 entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), donde la fundación saldó una deuda de 800 mil dólares con 93 obras de arte. Sin embargo, según información publicada, dichas obras aún no han sido entregadas físicamente al Serviu.
Hay «antecedentes suficientes para determinar que se han cometido irregularidades con recursos públicos favoreciendo a la fundación Allende», afirmó la diputada Paula Labra. Además, señaló que el «estrecho vínculo de colaboración para su funcionamiento con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural» es motivo para citar a las autoridades y aclarar todos los traspasos de recursos públicos realizados.
Cuestionamientos sobre un Trato Excepcional
Por su parte, el diputado Andrés Longton cuestionó que «en su momento diputados RN llevaron a Contraloría esta singular operación que tuvo reparos legales, ya que Hacienda no autorizó esta operación que por ley estaba obligado a hacerlo».
«Regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado, no cumpliendo requisitos legales y aprovechando la especial cercanía política que ha tenido con gobiernos de izquierda en una suerte de complacencia evidente por parte de autoridades que tienen que resguardar el patrimonio fiscal», acusó Longton.
Antecedentes de la Fundación Salvador Allende
Según la información en su sitio web, la Fundación Salvador Allende fue creada en 1990, con el retorno de la democracia en Chile. Fue impulsada por la viuda del exjefe de Estado, Hortensia Bussi, junto a sus hijas y nieto mayor, con el propósito de «recuperar la memoria y promover el legado del presidente Salvador Allende, desde los valores que él representó e impulsó».
Ahora, los diputados de oposición buscan esclarecer si este vínculo privilegiado con el Estado ha permitido a la fundación eludir requisitos legales y obtener un trato preferencial en el manejo de recursos públicos.
