En medio del debate sobre el supuesto uso indebido de licencias médicas, es crucial recordar que los empleadores, ya sean públicos o privados, carecen de la facultad para aprobar, rechazar o sancionar unilateralmente el uso de estas licencias. Durante el período de vigencia de una licencia, la relación laboral se encuentra suspendida, y cualquier incumplimiento o irregularidad debe ser verificado y declarado exclusivamente por los órganos competentes, no por los empleadores.
Evitar la generalización y la sospecha indiscriminada
Ante anuncios de sanciones masivas, es indispensable alzar la voz y exigir el respeto a la legalidad. No todos los casos son iguales, y no toda salida al extranjero durante una licencia médica constituye un incumplimiento o merece una sanción de despido o destitución. Situaciones como la pérdida de un familiar residente en el exterior, o un tratamiento médico recomendado en el extranjero, pueden ser justificaciones razonables que deben ser analizadas caso por caso, sin prejuzgar.
El Estado como ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico
En su rol de empleador, el Estado está llamado a ser un ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico, incluso en aquellas situaciones que parecen evidentes a primera vista. Todos los trabajadores tienen derecho a un juicio e investigación justa, libre de sesgos. Las sanciones deben aplicarse de manera individual, conforme a la ley y al debido proceso, evitando caer en lógicas punitivas colectivas que vulneren derechos básicos.
Equilibrio entre la persecución del fraude y el respeto a los derechos
La legítima persecución del fraude y del abuso no puede transformarse en una política de persecución generalizada que termine dañando a quienes han hecho uso correcto de sus derechos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de combatir el uso indebido de licencias médicas y el respeto a los derechos de los trabajadores.
