En medio de un escándalo de uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, Chile promulgó una nueva ley que endurece las sanciones y fortalece la fiscalización de estos documentos. La Ley N° 21.746 modifica la legislación anterior con el objetivo de garantizar que las licencias médicas se otorguen únicamente a usuarios legítimos y evitar fraudes en el sistema de seguridad social.
Nuevos Requisitos y Sanciones para Profesionales de la Salud
La nueva ley establece que solo médicos cirujanos, dentistas y matronas debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud podrán emitir licencias médicas. Además, quienes hayan obtenido o revalidado su título desde 2009 deberán haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
Las sanciones para los profesionales que emitan licencias sin respaldo médico son progresivas y van desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación perpetua, acompañadas de multas de hasta $41,1 millones. En casos de falsedad comprobada, se aplicarán penas de cárcel de entre 3 años y un día a 5 años.
Fiscalización Reforzada y Denuncia Anónima
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) tendrán mayores facultades para investigar licencias sin justificación médica. Además, se implementará un sistema de denuncia anónima y un registro público de sanciones aplicadas.
Los prestadores de salud, tanto públicos como privados, deberán publicar en sus sitios web y establecimientos el registro de sanciones, incluyendo el promedio de licencias emitidas por cada profesional.
Regulación de la Telemedicina
La nueva ley también regula el uso de la telemedicina en la emisión de licencias, exigiendo que los profesionales estén habilitados específicamente para brindar atenciones a distancia y registrando cada consulta como respaldo de la licencia otorgada.
Con estas medidas, Chile busca proteger el sistema de seguridad social, evitar fraudes y garantizar que las licencias médicas se entreguen únicamente a usuarios legítimos. La ley también asigna recursos para aumentar la dotación fiscalizadora de la Suseso y la Compin.
