La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, expuso ante el Senado un masivo fraude detectado en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Según el informe de la Contraloría, más de 25,000 empleados estatales viajaron al extranjero mientras se encontraban de baja médica, lo que representaría un costo de alrededor de $300 millones, equivalente a «diez Teletones».
Durante la sesión especial, Pérez detalló cómo el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) permitió cruzar datos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para identificar este patrón de abuso. «Este es un nuevo producto que usa tecnología para fiscalizar de manera eficiente», afirmó la Contralora, quien subrayó que la institución ya realiza auditorías constantes, pero ahora con mayor escala.
Solicitud de Mayores Atribuciones para la Contraloría
Ante esta situación, Pérez enfatizó la urgencia de ampliar las facultades de la Contraloría General de la República para combatir este tipo de irregularidades. «Se evalúen mayores atribuciones para nuestra institución, como poder requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos de servicios públicos, o que podamos aplicar directamente sanciones luego de hacer una auditoría», expresó la Contralora.
Asimismo, Pérez solicitó más atribuciones para otros organismos de control, como las superintendencias de salud, con el fin de fortalecer la fiscalización y el combate al fraude en el uso de licencias médicas.
Respaldo Transversal y Llamado a Reformas Legales
Durante el debate, senadores de todos los sectores calificaron el caso como «un engaño al fisco» y coincidieron en exigir «tolerancia cero» ante la revelación del masivo uso fraudulento de licencias médicas. La necesidad de una «ley corta» que priorice atribuciones ampliadas para la Contraloría y reformas a la ley de Municipalidades marcó el cierre del debate.
«Este es un nuevo producto que usa tecnología para fiscalizar de manera eficiente», afirmó la Contralora Dorothy Pérez.
La revelación de este fraude masivo en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos ha generado un llamado transversal a fortalecer las facultades de la Contraloría General de la República y de otros organismos de control, con el fin de combatir de manera más efectiva este tipo de irregularidades que representan un importante costo para el erario público.
