Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana ha anunciado acciones legales contra funcionarios municipales y médicos involucrados en el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero. Esta medida surge tras una investigación de la Contraloría que reveló que más de 25.000 trabajadores públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de permisos médicos entre 2023 y 2024.
Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo) presentarán querellas para exigir la restitución de fondos y ampliar la investigación hasta 2020. Las autoridades buscan cuantificar el daño total al erario público y sancionar a los responsables.
Impacto en Servicios Públicos y Llamado a Reformas
Los alcaldes destacan que el fraude no solo perjudica las arcas fiscales, sino que también afecta servicios críticos como salud y educación, generando un «efecto dominó» que perjudica a la ciudadanía más vulnerable. Agustín Iglesias señaló que «detrás de cada licencia falsa hay una urgencia que no se resuelve. La irresponsabilidad de unos pocos tiene muchos costos, incluso puede costar una vida».
José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, enfatizó la urgencia de revisar la normativa actual, estableciendo sanciones, incorporando controles y fortaleciendo la gestión administrativa. Además, destacó la necesidad de un marco legal que permita destituciones directas ante faltas graves, sin sumarios que sobrecargan a los funcionarios.
Colaboración Intercomunal y Transparencia
Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, señaló que la colaboración intercomunal será clave para fortalecer los procesos de fiscalización. Por su parte, Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, reafirmó el compromiso con la transparencia, asegurando que «cualquier situación detectada será abordada con seriedad» y que la prioridad es «servir con honestidad y promover la confianza en la administración local».
Las acciones judiciales también apuntarán a los médicos que emitieron certificados sin justificación, ya que, como señaló Agustín Iglesias, «si hubo médicos que facilitaron este engaño, también deberán responder ante los tribunales».
Los municipios buscan que este caso siente un precedente para evitar futuros fraudes y fortalecer la rendición de cuentas en el sector público.
