El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció un ultimátum de 72 horas para que los organismos públicos realicen investigaciones internas por el uso irregular de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios, según reveló la Contraloría. Desde la ceremonia del Chile Day en Nueva York, el secretario de Estado fue categórico en su crítica a quienes habrían emitido y/o utilizado estas licencias de manera fraudulenta.
El anuncio, revelado por CNN Chile, va en línea con exigir la devolución de recursos y la renuncia o destitución de los funcionarios que habrían incurrido en esta irregularidad. Cabe recordar que, anteriormente, desde el Ministerio de Hacienda se firmó un oficio circular para la conformación del Comité Nacional de Ausentismo, cuyo objetivo sería fiscalizar el debido cumplimiento de las licencias médicas emitidas a favor de los trabajadores del sector público.
Investigaciones en Curso
Además de las acciones internas que deberán tomar los organismos públicos, la Fiscalía Metropolitana Oriente también abrió una investigación de oficio por este hecho. Asimismo, diputados han presentado denuncias formales, asignando los posibles delitos en los que habrían incurrido los funcionarios.
Impacto en la Administración Pública
Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el uso de licencias médicas dentro de la Administración Pública. El ministro Marcel ha sido claro en su posición, buscando sancionar a quienes hayan abusado de este beneficio, con el fin de recuperar los recursos públicos y mantener la integridad del sistema.
Debemos asegurar que los funcionarios públicos hagan un uso responsable y legítimo de las licencias médicas, evitando cualquier tipo de fraude o abuso que perjudique a la ciudadanía y a las finanzas del Estado
, señaló el ministro.
Medidas Preventivas y de Control
Además de las investigaciones en curso, el Gobierno ha implementado medidas para prevenir y controlar el uso indebido de licencias médicas en el sector público. Esto incluye la creación del Comité Nacional de Ausentismo, que tendrá la tarea de monitorear y fiscalizar el cumplimiento de estos permisos.
Asimismo, se espera que las sanciones impuestas a los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades sirvan como un claro mensaje de que este tipo de conductas no serán toleradas, y que se tomarán las acciones necesarias para proteger los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública.
