Lota, una ciudad minera en la región del Bío Bío, se ha convertido en el escenario de una lucha por los derechos laborales. Tras el cierre de la fundación ProCultura, 54 trabajadores se encuentran a la espera del pago de indemnizaciones y cotizaciones adeudadas.
Estos trabajadores, que se desempeñaban como guías turísticos, exmineros, guardias de seguridad y jardineros, formaban parte del Circuito Lota Patrimonial, un proyecto que incluía el Parque Isidora Cousiño, el Museo Minero y la Mina Chiflón del Diablo, todos bajo la administración de ProCultura.
La demanda laboral, presentada en enero de 2024, señala que los trabajadores no recibieron el pago de indemnizaciones, feriados proporcionales y cotizaciones tras la salida de la fundación en diciembre de 2023. Según la diputada Joanna Pérez, esta situación es «condenable» y exige que la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo), propietaria de los inmuebles, brinde explicaciones.
Judicialización del Conflicto
Ante la falta de respuesta de ProCultura y Corfo, los trabajadores se vieron obligados a judicializar el conflicto. El Juzgado de Letras de Lota propuso una conciliación entre las partes, pero la demandada señaló que «hay voluntad de acuerdo, pero el monto debe ser estudiado con más tiempo».
La diputada Flor Weisse lamentó que los trabajadores hayan tenido que recurrir a la vía judicial para reclamar lo que les corresponde, después de haber sido despedidos en noviembre de 2023 debido al «incumplimiento de compromisos por el Estado» y los «impactos financieros» que enfrentó ProCultura.
Audiencia de Juicio Programada
El pago total que demandan los 54 trabajadores, que se distribuirá según lo adeudado, supera los 180 millones de pesos. La audiencia de juicio en esta causa laboral está programada para el próximo 18 de agosto, donde se espera que se alcance un acuerdo entre las partes o se dicte una sentencia que resuelva esta situación.
La comunidad de Lota sigue de cerca este caso, que refleja la importancia de garantizar los derechos laborales y la responsabilidad de las instituciones públicas en el manejo de proyectos comunitarios. Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan en su lucha por obtener la justicia que les corresponde.
