Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales, reveló en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que su equipo advirtió en repetidas ocasiones sobre un posible conflicto de interés en la controvertida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, la exministra aclaró que nunca mencionaron una inhabilidad inconstitucional en el proceso.
Según Sandoval, los jefes de gabinete de los ministerios de Cultura y Bienes Nacionales alertaron sobre posibles aristas políticas y jurídicas que debían ser abordadas en esta operación, incluyendo temas de conflicto de interés. No obstante, la exministra reconoció que debió ser más insistente en que estas advertencias llegaran finalmente al Presidente.
Plazos y Aspectos Comunicacionales
Sandoval explicó que las observaciones de su equipo no solo se referían a aspectos administrativos relacionados con los plazos, sino también a aristas comunicacionales y políticas que debían ser consideradas. Según la exministra, estas advertencias no tenían que ver con inhabilidades constitucionales, sino más bien con posibles conflictos de interés.
Por otro lado, Sandoval reveló que el ex asesor presidencial, Leonardo Moreno, le recalcó la urgencia de concretar el trámite de compra de la casa de Allende en noviembre, a pesar de las preocupaciones que ella había expresado por los aspectos comunicacionales y políticos. Moreno, sin embargo, señaló que la responsabilidad de abordar estos temas recaía en otras instituciones, como la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom).
Lecciones Aprendidas
En retrospectiva, Sandoval reconoció que debió ser más insistente en que las advertencias de su ministerio llegaran finalmente al Presidente. En términos retrospectivos debí ser más insistente en que esas advertencias que se hicieron desde el Ministerio de Bienes Nacionales, admitió la exministra.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una comunicación efectiva entre los diferentes organismos gubernamentales, así como la necesidad de abordar proactivamente los posibles conflictos de interés y riesgos políticos y jurídicos en este tipo de operaciones sensibles. La lección aprendida es que, incluso cuando se advierten estos problemas, es crucial asegurar que las alertas lleguen a los niveles más altos de toma de decisiones.
