Los abogados Alejandro Awad Cherty y Miguel Schürmann Opazo, representantes legales de Josefina Huneeus Lagos, han interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, denunciando presunto «espionaje» e ilegalidad en la interceptación de las comunicaciones de su clienta, incluyendo una llamada con el Presidente Gabriel Boric.
La acción legal busca invalidar tres resoluciones del Juzgado de Garantía local que autorizaron y renovaron la «interceptación ilegal» del teléfono de Huneeus, vinculada al imputado Alberto Larraín por el caso Procultura. Los juristas sostienen que las escuchas se realizaron sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa.
«La medida se decretó por error, bajo la suposición de que el número pertenecía a otra persona», señala el escrito de 20 páginas, que además destaca que las conversaciones interceptadas, incluyendo la del Presidente Boric, carecen de relevancia penal.
Irregularidades en la Autorización de Escuchas
El recurso enfatiza que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus como testigo primero y luego como imputada sin antecedentes concretos. «Pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal mediante resoluciones sin fundamentación», agrega el documento.
El texto revela que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, apuntaba al número asociado inicialmente a Larraín. Sin embargo, el teléfono pertenecía a Huneeus desde hace dos décadas. Pese a detectar el error, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó «mantener» la medida el 16 de octubre, argumentando que Huneeus «tenía conocimiento de los hechos investigados».
El Juzgado de Garantía accedió, aunque la solicitud fiscal no citó normas ni presentó pruebas, se lee en el libelo de amparo. «El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos», denuncian los abogados. Las renovaciones posteriores replicaron este vacío legal.
Uso Indebido de Medidas Intrusivas
El documento subraya que, en sus solicitudes, la Fiscalía describió a Huneeus como testigo, no como sospechosa. Un correo de la PDI del 14 de octubre señaló: «Ella estaría en conocimiento de las acciones de Procultura y aportaría antecedentes». No obstante, el tribunal la trató como imputada sin justificarlo, plantean los juristas.
«Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje», reza el recurso de amparo. En esa línea, los abogados citan fallos de la Corte Suprema que invalidan diligencias sin fundamentación.
El recurso solicita anular las resoluciones impugnadas y eliminar todo material obtenido mediante las interceptaciones, argumentando que las medidas afectaron la libertad personal y honra de Huneeus. «La Fiscalía usó una calidad de testigo para justificar una intromisión reservada a imputados», sostienen los abogados.
Concluyen exigiendo transparencia: «sin fundamentos, no hay legalidad».
