La Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, ha optado por mantener un estricto silencio en torno a la controversia generada por las interceptaciones telefónicas, conocidas como «pinchazos», realizadas a Miguel Crispi y al presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación del Caso Convenios.
Si bien se reveló que la fiscalía ordenó intervenir el teléfono del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, así como el del mandatario, esta última diligencia no fue autorizada por el Juzgado de Garantía debido a la falta de suficientes antecedentes, más allá de la amistad de Boric con uno de los investigados, el siquiatra y representante de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín.
En el caso de Crispi, en cambio, el «pinchazo» sí fue autorizado, revelando no solo antecedentes del Caso Convenios, sino también supuestas presiones de Isabel Allende para concretar la venta de la casa de su padre, Salvador Allende. Esto generó fuertes críticas desde La Moneda, que exigieron a la Fiscalía explicar la controvertida decisión.
Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo se ha negado a hacer declaraciones públicas sobre este asunto, citando el artículo 31 de la Ley N° 19.913 sobre lavado de activos, que establece la reserva de la causa. Según el organismo, esto «impide divulgar públicamente detalles sobre su contenido o avances».
Además, la Fiscalía señaló que, «con el fin de resguardar la eficacia de la investigación y evitar cualquier interferencia en su desarrollo, no realizará declaraciones públicas respecto de los antecedentes o diligencias específicas de la causa». Asimismo, recordaron que las solicitudes de medidas intrusivas, como las interceptaciones telefónicas, son controladas por los Juzgados de Garantía, y que la Fiscalía no proporciona información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso.
En resumen, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha optado por mantener un estricto silencio en torno a las polémicas interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación del Caso Convenios, citando la confidencialidad de la causa y la necesidad de preservar la eficacia de la investigación.
