La investigación sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende ha tomado un giro inesperado, con el surgimiento de nuevas revelaciones a partir de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Según el abogado de Miguel Crispi, su cliente fue objeto de una interceptación telefónica en el marco de la investigación a la Fundación ProCultura, y una conversación privada entre Crispi y su madre, Claudia Serrano, habría derivado en una indagatoria contra la exsenadora Isabel Allende.
El jurista Guillermo Chahuán enfatizó que el diálogo, ocurrido en un contexto familiar, fue «sacado de contexto» y no contiene acusaciones formales contra la exlegisladora. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo separó este hallazgo del caso ProCultura y abrió una nueva investigación por presunto tráfico de influencias.
Según el informe policial N°14 de la PDI, Crispi habría mencionado gestiones de Allende para acelerar la transacción, lo que activó las alarmas. El abogado de Crispi insistió en que la conversación no sustenta delitos, argumentando que «no hay atribución de presiones indebidas» y que se trata de «una interpretación forzada que ignora el ámbito privado de la comunicación».
Sin embargo, el fiscal Eduardo Yáñez resolvió iniciar una investigación penal separada tras analizar el informe policial, destacando que Crispi mencionó a «dos funcionarias públicas» en las gestiones para comprar la casa de Allende, lo que podría configurar tráfico de influencias.
La decisión del fiscal se tomó horas antes de que Raimundo Palamara, abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentara una querella por «fraude al Fisco». El fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal Cooper para liderar la indagatoria, dado su conocimiento previo del caso.
Estas nuevas revelaciones han generado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y la transparencia en las gestiones públicas, poniendo en tela de juicio la supuesta compra de la casa de Allende y las posibles influencias ejercidas en el proceso.
