La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales y los de su familia durante un allanamiento policial ejecutado el día del nacimiento de su hijo. El escrito de 15 páginas detalla un operativo intrusivo, desproporcionado y vejatorio, que interrumpió los primeros momentos de apego entre Cariola y su recién nacido.
Según el documento, el allanamiento, ordenado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y autorizado por el 7° Tribunal de Garantía de Santiago, se llevó a cabo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tres agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron un teléfono y una computadora portátil de Cariola, quien en ese momento ocupaba el cargo de tercera autoridad constitucional del país.
La denuncia señala que la medida se ejecutó pese a que la orden judicial estaba vigente desde una semana antes, y que el operativo incluyó el ingreso al domicilio familiar, donde se encontraban la madre de Tomás De Rementería (pareja de Cariola) y dos menores, sin justificación de urgencia.
Violaciones a Derechos Humanos y Protocolos Policiales
El escrito acusa a la PDI de incumplir su código de ética al no considerar la «situación de especial vulnerabilidad» de Cariola, actuando sin perspectiva de género, a pesar de que su ley orgánica exige respetar los derechos humanos «sin discriminaciones arbitrarias».
Además, la denuncia cuestiona el informe policial que sirvió de base para el allanamiento, señalando «errores graves» como confundir identidades y omitir información relevante. El 7° Tribunal de Garantía de Santiago posteriormente acogió una cautela de garantías para proteger la privacidad de Cariola, reconociendo que se habían violado derechos fundamentales.
Reparación y Reformas al Sistema Penal
Entre las peticiones de Cariola a la CIDH, se exige que Chile adopte «medidas progresivas» para reparar los derechos afectados, incluyendo garantías de no repetición y no regresión. El escrito solicita que el Estado refuerce el marco legal y administrativo para que fiscales, jueces y policías prioricen los derechos humanos en sus actuaciones.
Además, la diputada demanda que Chile reconozca posibles contravenciones al Pacto de San José y aplique políticas de reparación «condignas a la afectación causada», como disculpas públicas, indemnizaciones y ajustes en protocolos de allanamiento para evitar casos similares.
Debe eliminarse el trato vejatorio y abusivo en procedimientos penales, señala el documento, citando artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La denuncia de Karol Cariola a la CIDH busca no solo reparar los derechos vulnerados, sino también impulsar reformas estructurales en el sistema penal chileno para garantizar que situaciones como la vivida por ella y su familia no vuelvan a repetirse.
