La Comisión Investigadora sobre la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende ha enviado un cuestionario de 18 preguntas al Presidente de la República, Gabriel Boric. La comisión busca esclarecer la participación directa o indirecta del mandatario en la aprobación de esta adquisición, así como las razones por las que Francisca Moya, jefa de la División Jurídica Legislativa de la Segpres, no ha sido destituida.
Más allá de las preguntas dirigidas a Boric, la comisión también indaga sobre el desgaste institucional de diversos ministerios durante esta gestión y si el Presidente estuvo al tanto de las advertencias formales e informales sobre los problemas legales que rodeaban esta operación.
Versiones Contradictorias y Cuestionamientos
Según el diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión, las contradicciones entre las versiones del gobierno han abierto la puerta para cuestionar la veracidad de la información proporcionada por La Moneda. Longton ha emplazado a Boric a «hablar con la verdad» y aclarar su papel en este escándalo.
Por su parte, el diputado Raúl Soto, del PPD, ha cuestionado la rapidez con la que las fuerzas opositoras han concluido que el Presidente Boric es personalmente responsable. Soto señala que la comisión aún no ha completado ni la mitad de su trabajo y que enviar un cuestionario no implica necesariamente imputar responsabilidad.
Precedentes y Obligaciones
Cabe destacar que el Presidente de la República no tiene obligación de responder este cuestionario. Sin embargo, existe un precedente en la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, donde se le enviaron 47 preguntas al mandatario y este respondió en un breve texto de menos de una página.
A medida que la investigación avanza, es crucial que se mantenga un enfoque objetivo y exhaustivo para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y evitar futuros escándalos de esta naturaleza.
