La Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ha arrojado nuevas luces sobre este controvertido caso. En una reciente audiencia, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, y el asesor jurídico de la división, José Cortés, brindaron su testimonio sobre los eventos que rodearon esta frustrada operación.
Inhabilidades Constitucionales y Falta de Comunicación
Según lo expuesto por los funcionarios, la minuta elaborada por Cortés advirtió sobre las inhabilidades constitucionales que implicaba la participación de dos autoridades de Estado, la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, ambas herederas de la propiedad. Sin embargo, Pozo afirmó que no informó a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ni a la Presidencia sobre este hallazgo, ya que su participación directa en las gestiones había sido limitada.
Reunión con Bernardita Nazar y Decisión de Suspender Negociaciones
Pozo también detalló una reunión celebrada el 11 de junio de 2024 con Bernardita Nazar, abogada del Segundo Piso que conocía las inhabilidades, y Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales. En dicha reunión, se intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y se determinó que la compra del inmueble sería responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, se instruyó a los representantes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a no continuar con las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para recopilar antecedentes y finalizar el proceso de tasación.
Falta de Profundización en las Inhabilidades
Según el testimonio de Cortés, durante la reunión con Nazar y Maino no se abordaron en profundidad las inhabilidades constitucionales, sino que se enfocaron principalmente en la viabilidad del proyecto y la composición de la comunidad hereditaria dueña de la propiedad.
Lecciones Aprendidas y Transparencia en el Proceso
Esta investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y comunicación entre las diferentes entidades involucradas en procesos de adquisición de propiedades de alto valor histórico y patrimonial. Asimismo, ha resaltado la importancia de una evaluación exhaustiva de los aspectos legales y constitucionales antes de emprender este tipo de iniciativas. La transparencia y el apego a los procedimientos establecidos serán fundamentales para evitar futuros tropiezos en la preservación del legado histórico de Chile.
