José Antonio Pavez Canessa, imputado en la investigación por el megafraude tributario, ha denunciado una serie de presuntas irregularidades tras ser trasladado de unidad penal. Según relata en una extensa carta, Pavez Canessa fue víctima de un traslado arbitrario y discriminatorio por parte de Gendarmería, debido a su orientación sexual.
Pavez Canessa, quien compartía incluso celda con Luis Hermosilla en el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, fue notificado el 16 de abril que debía abandonar el recinto, en cumplimiento de una orden firmada por un coronel «indicando que por mi condición de gay, no puedo estar en el Anexo Capitán Yáber (…)». Pese a oponerse y denunciar discriminación, habría sido esposado, incomunicado y trasladado de noche, sin recibir sus medicamentos ni pertenencias personales.
Condiciones Inhumanas en la Cárcel de Santiago I
Una vez trasladado a la Cárcel de Santiago I, Pavez Canessa afirma haber sido ingresado a un módulo con condiciones inhumanas: sin agua, sin cama y sin acceso a los doctores, pese a su estado de salud. «Me llevaron a los calabozos de traslado y se me ingresó a Santiago 1, se me volvió a constatar lesiones y el doctor no podría creer que me estuvieran devolviendo acá, donde hablaron de asesinarme», denuncia en su carta.
Según el imputado, existía una orden judicial que instruía su permanencia en Capitán Yaber por motivos de seguridad y vínculos familiares, la cual no fue respetada por Gendarmería. Además, acusa a la institución de corrupción interna y abuso de poder, responsabilizándolos si llegase a ocurrirle algo dentro del penal, pues teme por su vida.
Vulneración de Derechos Fundamentales
Pavez Canessa concluye que se le castiga por ser «distinto» y denuncia que se le vulneran sistemáticamente sus derechos fundamentales. «Gendarmería lo sabe, pero se me ingresó unilateralmente. El fiscal hace oídos sordos. Me entraron a un calabozo con todos los ingresos, con mucho frío, mis cosas quedaron en clasificación», agrega en su escrito.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar el respeto a los derechos de los reclusos, independientemente de su orientación sexual o condición legal. Las autoridades deben investigar a fondo estas denuncias y asegurar que no se repitan abusos de este tipo.
