Rodrigo Álvarez Seguel, abogado y asesor del diputado independiente René Alinco, recibió una indemnización millonaria de $11,7 millones, incluyendo $5 millones por 73 días de feriados legales, tras ser despedido. Sin embargo, apenas cuatro meses después, fue recontratado por el mismo diputado con un aumento salarial de $1 millón, para recibir un total de $3,1 millones mensuales.
Según reveló Ciper, el asesor legislativo justificó los $5 millones en indemnización por feriados legales, argumentando que nunca se tomó vacaciones mientras trabajaba con el parlamentario, incluso durante los recesos legislativos de febrero. Además, Álvarez firmó un contrato en febrero que le permite brindar asesorías sin límite horario en la Cámara.
Antecedentes y Normativa del Congreso
Cabe destacar que en 2021, Álvarez protagonizó una situación similar, donde también recibió una indemnización millonaria de $7 millones luego de tres años trabajando como asesor del diputado por Magallanes.
La normativa del Congreso establece que los asesores designados como Personal de Apoyo deben ser contratados bajo el Código del Trabajo, lo que implica que al terminar el periodo del parlamentario, los trabajadores sujetos a esta ley deben finalizar su relación laboral. Esto significa que cada cuatro años los asesores son finiquitados, recibiendo sus correspondientes —y millonarias— indemnizaciones.
Justificaciones y Explicaciones
Según el propio Álvarez, decidió volver al equipo del parlamentario luego de una «reorganización interna, luego de que variaran las condiciones y directrices que motivaron inicialmente el término del vínculo contractual».
Por su parte, el diputado Alinco explicó que el finiquito de su asesor se debió a un «problema personal» del abogado, y que fue «de mutuo acuerdo». Alinco también señaló que desconocía las razones de su asesor para dejarlo en octubre pasado, y que «no se mete en la vida privada» de sus colaboradores.
Interrogantes y Perspectivas
Este caso plantea interrogantes sobre las prácticas de contratación y finiquito de asesores en el Congreso, y cómo estas pueden generar cuestionamientos sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Además, la rapidez con la que Álvarez fue recontratado, junto con el aumento salarial, sugiere la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en estos procesos.
En resumen, el caso del asesor del diputado Alinco evidencia la complejidad y potenciales irregularidades que pueden existir en torno a las contrataciones y finiquitos de personal en el Congreso, lo que merece una mayor atención y escrutinio público.
