La Contraloría General de la República ha emitido un instructivo integral dirigido a autoridades, funcionarios y entidades del Estado, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas que rigen la administración pública durante el período electoral que culminará con las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año 2025.
El documento recalca la importancia del principio de prescindencia política, que obliga a los servidores públicos a abstenerse de utilizar recursos, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas o de apoyo a candidaturas. Esto incluye la prohibición de realizar actividades políticas en horario laboral, el uso indebido de recursos públicos para fines electorales, y la obligación de garantizar igualdad en la organización de actos públicos.
Sanciones Severas por Incumplimiento
El instructivo establece medidas disciplinarias y sanciones para quienes infrinjan estas normas, incluyendo la posibilidad de destitución y responsabilidades penales. Además, se indica que desde el 17 de octubre de 2025 (30 días antes de las elecciones), los servidores públicos no pueden ser trasladados o designados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones, con algunas excepciones.
Límites en Gastos y Uso de Imagen
El texto también detalla los límites en los gastos en publicidad y difusión, y regula la utilización del nombre o imagen de una autoridad o exautoridad. Asimismo, se mencionan otras regulaciones a tener en cuenta, como el correcto cumplimiento de la jornada de trabajo y que viáticos, pasajes y horas extraordinarias deben corresponder a cometidos y labores estrictamente institucionales.
Garantizar Transparencia e Igualdad
Finalmente, el instructivo insta a las autoridades a ejercer un control jerárquico permanente y adoptar medidas para difundir las instrucciones, con el fin de garantizar la transparencia e igualdad en el proceso electoral. Estas disposiciones serán aplicables también a las elecciones primarias que se desarrollarán, eventualmente, el 29 de junio.
Este instructivo integral de la Contraloría busca asegurar que el proceso electoral se desarrolle de manera justa y equitativa, sin que los funcionarios públicos puedan utilizar indebidamente los recursos del Estado para fines políticos, señaló el Contralor General.
