Nicole Micheroni, una abogada especializada en inmigración con ciudadanía estadounidense, se encuentra en una situación inusual después de recibir una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiéndole que abandone el país de inmediato o enfrente la expulsión.
Según la notificación, el DHS ha cancelado el permiso de estadía temporal, conocido como «parole», que le permitía a Micheroni vivir en Estados Unidos sin un visado. Sin embargo, al ser ciudadana estadounidense, esta orden no debería aplicarle.
La carta le da a Micheroni un plazo de 7 días, a partir del 11 de abril, para salir del país. De lo contrario, el DHS tomaría medidas para deportarla. Micheroni cree que se trata de un error administrativo y no se comunicará con el departamento, ya que considera que la notificación tiene un «lenguaje muy amenazante».
Una situación desconcertante para una abogada de inmigración
La situación ha dejado a Micheroni perpleja, ya que, como abogada especializada en temas migratorios, no esperaba enfrentar una orden de deportación siendo ciudadana estadounidense. Esto plantea preguntas sobre la eficacia y precisión de los procesos del DHS, especialmente en un momento en que la administración Trump ha endurecido las políticas de inmigración.
«El Departamento de Seguridad Nacional me ha dado a mí, una abogada de inmigración nacida en Newton, Massachusetts, siete días para salir de Estados Unidos»
, expresó Micheroni en su perfil de Bluesky, acompañando el mensaje con una imagen de la carta recibida.
Implicaciones legales y preocupaciones
La situación de Micheroni plantea preocupaciones sobre los posibles errores del DHS y las consecuencias que pueden tener para los ciudadanos estadounidenses. Además, como abogada de inmigración, su caso podría tener implicaciones legales más amplias y servir como un ejemplo de los desafíos que enfrentan los profesionales del derecho migratorio en el actual clima político.
A pesar de la confusión y la preocupación, Micheroni ha decidido no comunicarse con el DHS, creyendo que se trata de un error administrativo. Sin embargo, su caso resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad nacional y la inmigración.
