La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, respaldó recientemente la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de limitar el uso de armas no letales por parte de funcionarios municipales. Según Leitao, estos trabajadores «no tienen la preparación» necesaria para ejercer funciones policiales y podrían terminar siendo «carne de cañón» en enfrentamientos con delincuentes.
La CGR ha emitido este dictamen en tres ocasiones en menos de una década, dejando en claro que los municipios no tienen atribuciones para adquirir o entregar a sus inspectores este tipo de armamento, como taser o dispositivos de inmovilización. Leitao respalda firmemente esta posición, argumentando que los funcionarios municipales «no tienen las facultades, ni la posibilidad de ejercer funciones policiales» debido a la falta de preparación adecuada.
Protección y Prevención Prioritarias
La subsecretaria enfatiza que el objetivo principal debe ser la protección de los propios funcionarios municipales. «Lo que no podemos hacer es que los funcionarios municipales terminen siendo carne de cañón», advierte Leitao, recalcando que estos trabajadores no están entrenados para enfrentar a delincuentes.
«Nuestra convicción es que los funcionarios municipales no tienen la preparación para poder ejercer un rol policial, no son policías, no tienen la preparación para ello».
Leitao aclara que, si bien las armas no letales se consideran «menos letales», su uso debe estar reservado únicamente a personal debidamente capacitado y entrenado para discernir cuándo es apropiado emplearlas. Los funcionarios municipales, según la autoridad, carecen de esta formación especializada.
Enfoque en la Seguridad Integral
La posición de la subsecretaria de Prevención del Delito se enmarca en una visión más amplia de la seguridad pública. Leitao subraya que los elementos proporcionados a los funcionarios municipales deben estar orientados a su propia protección, evitando exponerlos a riesgos innecesarios.
Esta decisión se alinea con la tendencia de fortalecer la seguridad integral, donde se prioriza la prevención y la capacitación adecuada de los actores involucrados, en lugar de recurrir a soluciones que puedan poner en peligro a los propios trabajadores.
En resumen, la prohibición de armas no letales para funcionarios municipales responde a una estrategia de seguridad enfocada en la protección y la prevención, evitando que estos trabajadores se conviertan en «carne de cañón» en enfrentamientos con delincuentes para los que no están preparados.
