El desalojo del reconocido Restaurante San Marino en Reñaca, Viña del Mar, ha generado una controversia en torno a acusaciones cruzadas de estafa y derechos de concesión. Según el relato del dueño, Marco Antonio Luci, él habría firmado un contrato de compraventa con el anterior propietario, Samuel Lizana, solo para que este último desconociera posteriormente el acuerdo.
Por su parte, la contraparte asegura que el contrato de compraventa presenta irregularidades y que, en realidad, ellos fueron los verdaderos estafados. La Capitanía de Puerto, sin embargo, afirma que el desalojo se llevó a cabo sin inconvenientes, ya que el dueño actual no contaba con los derechos de concesión del local.
El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, declaró que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas había solicitado reponer la concesión al dueño original. Esto ha generado aún más confusión y desconcierto entre las partes involucradas.
Impacto en los Trabajadores
Esteban Sánchez, encargado del Restaurante San Marino, hizo hincapié en los más de 50 trabajadores que se vieron afectados por esta medida. La incertidumbre y la falta de claridad en torno a los derechos de propiedad han dejado a estos empleados en una situación precaria, sin saber cuál será su futuro laboral.
Posiciones Encontradas de las Autoridades
Mientras que el dueño actual, Marco Antonio Luci, asegura tener todos los papeles en regla, la Capitanía de Puerto afirma que el desalojo se llevó a cabo sin inconvenientes, ya que el dueño no contaba con los derechos de concesión del lugar. Esta posición contradictoria entre las autoridades ha contribuido a aumentar la confusión y la incertidumbre en torno a este caso.
Implicaciones Legales y Futuro Incierto
Con acusaciones de estafa y derechos de concesión en disputa, este caso plantea importantes interrogantes legales que deberán ser resueltas. El futuro del emblemático Restaurante San Marino y de sus trabajadores se encuentra en un limbo, a la espera de que las autoridades competentes logren esclarecer la situación y tomar las medidas necesarias para proteger los derechos de todas las partes involucradas.
