En un giro inesperado, Lin-Kiu Ly Fumey, presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional de Arica y Parinacota, ha renunciado a su cargo. Esta decisión se produce después de que se revelara que, en su faceta como abogada, había patrocinado más de 40 causas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos asociados a la migración ilegal.
Ly Fumey, quien llegó a su puesto bajo el cupo del Partido Republicano y posteriormente se afilió al Partido Nacional Libertario, expresó en una carta al Consejo Regional que su renuncia no fue fácil, pero que era necesaria para «resguardar el espíritu de unidad» de la comisión, especialmente en un año electoral.
Defensa de Narcotraficantes y «Coyotes»
Según la información revelada, la ahora exfuncionaria regional había ejercido como abogada, defendiendo a individuos involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la migración ilegal. Esta situación generó un fuerte cuestionamiento sobre su idoneidad para presidir la Comisión de Seguridad, encargada de velar por la seguridad de la región.
«La crisis de seguridad y crimen organizado que enfrentamos en nuestra región exige altura de miras y decisiones firmes que no se vean afectadas por malas intenciones», señaló Ly Fumey en su carta de renuncia.
Transición y Continuidad en la Comisión
La renuncia de Ly Fumey dejará la presidencia de la Comisión de Seguridad en manos de su actual vicepresidente, Ignacio Gómez Gutiérrez, del Partido Republicano. Este cambio de liderazgo llega en un momento crucial, cuando la región enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y crimen organizado.
Ly Fumey, por su parte, ha manifestado que seguirá cumpliendo sus funciones como consejera regional, reafirmando que «la seguridad de las familias ariqueñas y parinacotenses está por encima de cualquier interés político».
Implicaciones y Reacciones
La renuncia de Ly Fumey ha generado diversas reacciones en la región. Algunos sectores han aplaudido su decisión, considerándola un acto de responsabilidad y transparencia. Sin embargo, otros han cuestionado cómo una persona con antecedentes de defensa de actividades ilegales pudo llegar a ocupar un cargo tan sensible en materia de seguridad.
Este escándalo ha puesto en tela de juicio los procesos de selección y designación de autoridades regionales, y ha abierto un debate sobre la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos de evaluación de idoneidad y antecedentes de los candidatos a cargos públicos.
A medida que la región se prepara para un año electoral, la transición en la Comisión de Seguridad y las lecciones aprendidas de este episodio serán cruciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y líderes.
