La investigación sobre la muerte de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), sigue sin resolverse. Tras dos intentos fallidos de exhumar sus restos en el fundo Pidenco de Lumaco, la Fiscalía de La Araucanía se encuentra evaluando si vale la pena arriesgar más vidas en un nuevo operativo.
Fiscalía Analiza Riesgos de Exhumación
El fiscal regional, Roberto Garrido, explicó que al tratarse de un procedimiento complementario a lo ya realizado, es necesario evaluar si realmente se justifica llevar a cabo la diligencia. Esto, considerando que en los dos intentos anteriores, un grupo armado impidió que 250 efectivos del Ejército, PDI y Carabineros pudieran realizar la exhumación.
«Hay que evaluar si vale la pena realizar una diligencia, en términos de que se arriesgue la vida de otras personas, sobre todo considerando que es la propia organización armada, la CAM, que hoy impide la realización de la diligencia», indicó Garrido.
Investigación Paralela sobre Delitos Cometidos
Mientras se analiza la viabilidad de una nueva exhumación, la Fiscalía ha abierto una investigación por los delitos cometidos durante los fallidos operativos, incluyendo homicidio frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego. Esto con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Gobierno Apoya Cumplimiento de la Ley
Por su parte, el delegado presidencial (s) de La Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que el Gobierno está dispuesto a brindar su apoyo para que se cumpla con la ley y se realice la exhumación, si las condiciones lo permiten. Sin embargo, reconoce que en el corto plazo sería «arriesgado» intentarlo nuevamente.
Dudas de la Madre de Marchant
La diligencia de exhumación fue solicitada por la madre de Pablo Marchant, quien tiene dudas sobre cómo se produjo la muerte de su hijo tras el enfrentamiento con Carabineros luego de un atentado incendiario en 2021 en Carahue. Ella espera que la investigación pueda esclarecer las circunstancias de este hecho.
En resumen, la Fiscalía de La Araucanía se encuentra en una encrucijada, evaluando si vale la pena arriesgar más vidas en un nuevo intento de exhumación, mientras paralelamente investiga los delitos cometidos durante los fallidos operativos. El Gobierno, por su parte, se mantiene a la espera de las determinaciones de la Fiscalía, con el objetivo de hacer cumplir la ley.
