La muerte del cabo Alex Salazar en Concepción, región del Bío Bío, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos tras la sentencia dictada por el Tribunal Oral. Los jueces impusieron una pena de 15 años de cárcel en total por el homicidio del oficial y las lesiones a otros tres uniformados atropellados.
Parlamentarios y familiares de la víctima han calificado la sanción como excesivamente baja, argumentando que no se consideró debidamente que Salazar era un policía que estaba cumpliendo con su trabajo al momento de ser asesinado. Algunos han comparado este caso con otro en Arica, donde se aplicó presidio perpetuo a un miembro del Tren de Aragua por el homicidio de un colombiano.
Cuestionamientos a los Jueces
El diputado UDI Sergio Bobadilla criticó duramente a los jueces por no haber impuesto una pena más severa, señalando que la vida del cabo Salazar vale tanto como la de cualquier otro ciudadano
. Por su parte, el diputado DC Eric Aedo se preguntó si la vida del oficial vale menos que la de la víctima en el caso de Arica.
Otro parlamentario, Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano, anunció que patrocinará una iniciativa legal para elevar las penas por este tipo de delitos graves contra servidores públicos en cumplimiento de su deber.
Pedido de Presidio Perpetuo
Tanto el Ministerio Público como los querellantes en Concepción habían solicitado la pena de presidio perpetuo para el condenado, Jhoyner Bonilla. Sin embargo, los jueces consideraron dos atenuantes a su favor: la colaboración con la investigación y no tener antecedentes criminales previos.
La viuda del cabo Salazar expresó su decepción con la sentencia, señalando que no hay justicia
y que la pena impuesta no se condice con la gravedad del crimen cometido contra su esposo.
Debate sobre Endurecimiento de Penas
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones para quienes cometen delitos graves contra servidores públicos, especialmente policías y carabineros en ejercicio de sus funciones. Algunos expertos argumentan que esto podría servir como desincentivo y brindar mayor protección a los uniformados.
Sin embargo, otros cuestionan si el endurecimiento de penas es realmente la solución más efectiva, sugiriendo que se deben abordar también factores sociales y de prevención que contribuyen a este tipo de crímenes.
El fallo del Tribunal Oral de Concepción ha generado un intenso debate público sobre cómo el sistema de justicia debe responder a los delitos cometidos contra quienes arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía.
