La tensión entre Venezuela y Chile se ha intensificado a raíz del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha acusado al presidente chileno, Gabriel Boric, de «orquestar» el caso Ojeda y de utilizar la investigación para dañar la imagen de Venezuela.
Según Saab, Boric, a quien calificó como una «persona con daños cognitivos básicos», ha sido «el vocero en contra de Venezuela utilizando el caso de Ronald Ojeda, instrumentalizando el ‘lawfare’, las guerras judiciales, dentro de lo que es la guerra híbrida para dañar y afectar la imagen» de la nación caribeña. El fiscal venezolano asegura que Boric pertenece a un gobierno de «extrema derecha, heredero de Pinochet» y que ha «infiltrado» para «dividir al movimiento revolucionario».
La Investigación Chilena: ¿Una «Farsa Absurda»?
Por su parte, el régimen de Maduro en Venezuela ha rechazado la investigación chilena sobre el crimen de Ojeda, calificándola como una «absurda farsa». Saab ha criticado duramente la labor de la Fiscalía de Chile, afirmando que no hay «un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales, incongruencias».
Según las investigaciones venezolanas, Ojeda estaba detenido por «actividades conspirativas» y acusado de tres delitos, entre ellos rebelión y traición a la patria. El fiscal venezolano asegura que Ojeda formó parte de la planificación de un golpe de Estado dirigido por un general de brigada y otros 11 integrantes del Ejército, quienes «pretendían atentar» contra el líder del chavismo, Nicolás Maduro.
La Intervención de la Corte Penal Internacional
En medio de esta disputa, el gobierno chileno ha entregado «antecedentes y elementos» sobre el asesinato de Ojeda a la Corte Penal Internacional (CPI), con la esperanza de que esta información pueda ser útil para la investigación abierta por la CPI en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Chile considera que «la hipótesis de la indagatoria de la Justicia chilena apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros». Por su parte, el gobierno venezolano ha afirmado que trabajará junto a la CPI en la investigación sobre el caso Ojeda.
En resumen, el asesinato de Ronald Ojeda ha desatado una guerra de acusaciones entre Venezuela y Chile, con ambos gobiernos cuestionando la legitimidad de las investigaciones y acusándose mutuamente de manipulación política. La intervención de la Corte Penal Internacional podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso.
