El Salvador, un país que durante décadas ha luchado contra la violencia de las pandillas, ha implementado un régimen de excepción que cumple ya tres años. Este controvertido programa, impulsado por el presidente Nayib Bukele, ha logrado reducir significativamente la tasa de homicidios en el país, pero también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Reducción de la Violencia
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, el régimen de excepción ha permitido que los salvadoreños vivan «sin miedo a la delincuencia», con «paz y libertad». Bajo este programa, la tasa de homicidios ha caído de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a solo 1,9 en 2024, lo que Bukele ha calificado como «la mayor operación contra el crimen en la historia mundial».
Detenciones Masivas y Controversia
Sin embargo, esta estrategia de seguridad también ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Según estas ONG, el régimen de excepción ha consolidado «patrones de abuso» y ha puesto en riesgo las garantías del debido proceso. Más de 86.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, aunque unos 8.000 ya han sido declarados inocentes y puestos en libertad.
Equilibrio entre Seguridad y Derechos Humanos
Para Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, el gobierno salvadoreño tiene la «obligación» de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como el respeto a las garantías procesales. Según Pappier, «los salvadoreños no tienen por qué optar entre tener seguridad y tener garantías al debido proceso».
Implicaciones Regionales
El régimen de excepción en El Salvador también ha trascendido sus fronteras, generando preocupación en la región. Algunas voces críticas señalan que este modelo podría ser replicado en otros países de Centroamérica, lo que podría tener implicaciones en términos de derechos humanos y gobernanza democrática.
En resumen, el caso de El Salvador ilustra los desafíos que enfrentan los gobiernos al buscar equilibrar la seguridad pública y el respeto a las libertades individuales. Mientras que el régimen de excepción ha logrado reducir significativamente la violencia, también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos. Este debate continuará siendo un tema central en la agenda política y de seguridad de la región.
