Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados está en sesión para votar la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. Cabe recordar que durante la jornada de ayer, la comisión revisora se manifestó en contra del libelo acusatorio, despachándolo con informe negativo a la Sala de la Cámara baja.
La acusación contra la ahora exministra de Estado surgió tras la frustrada compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja. Fernández, quien es nieta del expresidente, renunció al gobierno el pasado 10 de marzo, poco después de que la acción parlamentaria fuera presentada por parlamentarios de oposición, específicamente de Chile Vamos y el Partido Republicano.
Argumentos Clave de la Acusación
En el documento de acusación, se apunta a la responsabilidad de Fernández en el contrato de compraventa, haciendo referencia al artículo 37 bis de la Constitución de la República, que establece que «durante su ejercicio, los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado».
Por su parte, la defensa de la exautoridad sostiene que la responsabilidad política de un funcionario público cesa al abandonar el cargo. Uno de los argumentos centrales es que no existió un contrato válido de compraventa entre la exministra y el Estado, ya que, aunque se firmó una escritura pública en diciembre de 2024, faltaron trámites administrativos esenciales como la aprobación del decreto, la toma de razón y la inscripción registral.
Implicaciones y Perspectivas
Este proceso de acusación constitucional se enmarca en un contexto político tenso, donde la oposición busca responsabilizar a la exministra Fernández por su presunta participación en la fallida transacción de la propiedad presidencial. Sin embargo, la defensa de Fernández argumenta que no hubo un contrato válido, lo que podría complicar los esfuerzos de la acusación.
El resultado de esta votación en la Cámara de Diputados tendrá implicaciones significativas, tanto para la carrera política de Fernández como para la estabilidad del gobierno. Independientemente del desenlace, este caso resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales en la gestión pública.
