Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva. La acusación se basa en el presunto delito de prevaricación administrativa por la emisión de decretos que redujeron las condenas de individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.
La acción judicial se enfoca en los beneficios concedidos a condenados por abuso sexual y violación a víctimas menores, pese a las restricciones que, según los parlamentarios, establece la legislación vigente. Los legisladores cuestionan que el Ministerio de Justicia haya justificado estas rebajas apelando a una interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación retroactiva de la Ley 21.421.
Además, se invoca el argumento de la eficiencia y eficacia administrativa para evitar una posible judicialización de los casos. Sin embargo, los diputados argumentan que el artículo 17 de la Ley 19.856 impone límites explícitos para acceder a dicho beneficio, incluyendo específicamente ciertos delitos sexuales cometidos contra menores.
“El ministro Rabat le miente al país y le miente a las víctimas y sus familias. Ninguna ley lo obligaba a liberar pederastas”, afirmó el diputado Luis Cuello.
El parlamentario agregó que, a su juicio, el ministro dictó decretos que contravienen una disposición legal que obligaba a rechazar las rebajas de condena para personas responsables de delitos sexuales contra niños y niñas. “Es por esto que hemos presentado esta denuncia por el delito de prevaricación administrativa, toda vez que el ministro dictó un decreto ilegal bajo el argumento inaceptable de ahorrar un juicio que hoy pone en peligro y en riesgo a las familias y a las víctimas de delitos sexuales contra niños”, sostuvo Cuello.
La presentación judicial busca que se investigue la actuación de Rabat y Silva en la dictación de los cuestionados decretos. Es importante recalcar que esta denuncia constituye una acusación de los parlamentarios y, por sí misma, no establece la existencia de un delito hasta que la investigación fiscal determine lo contrario.
