El Gobierno de Chile ha anunciado un nuevo proyecto de ley que busca despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, siguiendo un modelo similar al implementado en Alemania. Esta propuesta surge tras el debate generado por la ley de aborto en tres causales aprobada anteriormente, y pretende ampliar el acceso a este derecho de manera más amplia.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha enfatizado que este no se trata de un «aborto libre», sino de un «aborto legal» con un plazo definido. Según Orellana, la idea es establecer un modelo por plazos, donde durante las primeras 12 semanas no se requeriría invocar una causal específica para acceder al procedimiento. Más allá de ese período, se mantendrían las tres causales ya aprobadas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Buscando un Equilibrio entre Derechos y Consenso Político
La propuesta del Gobierno busca encontrar un punto medio que permita avanzar en la despenalización del aborto, a la vez que intenta generar un mayor consenso político. Orellana reconoce que existe una fuerte oposición a esta iniciativa, por lo que el diálogo prelegislativo será clave para lograr un acuerdo.
Cabe recordar que el Gobierno había planteado inicialmente un plazo de 14 semanas, pero lo ajustó a 12 semanas buscando facilitar su aprobación en el Congreso. La ministra señala que este plazo le parece «prudente» para el debate, aunque admite que hay quienes desean plazos más amplios.
Desafíos y Críticas: Acceso Equitativo y Persecución Judicial
Uno de los principales desafíos que enfrenta esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo al aborto legal, independientemente de los recursos económicos o contactos de las mujeres. Orellana reconoce que actualmente existe un «mercado clandestino» de medicamentos abortivos, donde quienes tienen más recursos pueden acceder a un «acompañamiento médico», mientras que otras mujeres deben recurrir a internet y soluciones precarias.
Además, la ministra ha respaldado las denuncias realizadas anteriormente por la exministra de Salud, Helia Molina, sobre la existencia de clínicas que habrían estado realizando abortos de manera ilegal. Orellana señala que hay profesionales que brindan este «acompañamiento médico» pese a que es considerado un delito.
Otro punto de debate es la persecución judicial a mujeres que han abortado de manera clandestina. Orellana critica que el Ministerio Público gaste millones de pesos en perseguir a adolescentes que han recurrido a abortos ilegales, sin que luego se les imponga condena.
Hacia una Apertura Democrática del Debate
A pesar de los desafíos, la ministra Orellana considera que es importante que este debate se dé de manera abierta y democrática. Señala que incluso cuando se aprobó la ley de aborto en tres causales, la Presidenta Bachelet no contaba con el apoyo de la mayoría de su propia coalición.
En este sentido, Orellana enfatiza que la despenalización del aborto es una señal de apertura democrática, donde la ciudadanía pueda conocer las posturas y las realidades que enfrentan las mujeres. El Gobierno espera poder ingresar el proyecto de ley una vez que se haya tramitado el reglamento de la ley de aborto en tres causales.
