Un alarmante desorden contable que se ha prolongado por años en el Ejército de Chile ha sido revelado por un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR). Según el documento, al cierre de 2023, la institución militar mantenía 7.342 deudores por pagos excesivos de remuneraciones, sumando un total de 7.185 millones de pesos, de los cuales 4.530 millones no habían sido reintegrados.
Fallas en la Gestión de Reintegros
Uno de los principales problemas detectados es la falta de actualización de los procedimientos internos para gestionar estos reintegros, lo que permitió que las irregularidades se mantuvieran sin corrección durante años. Además, la Sección de Reintegros del Ejército, encargada de recuperar estos dineros, no había realizado un seguimiento efectivo y en muchos casos ni siquiera notificó a los afectados.
Deudores Fallecidos y Descuentos No Aplicados
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de más de 270 millones de pesos y 8.660 dólares adeudados por deudores fallecidos, que el Ejército tardó entre uno y cuatro años en detectar. Asimismo, se identificó que funcionarios con deudas por 113 millones de pesos seleccionaron la opción de «Descuento de Remuneraciones» para devolver el dinero, pero el Ejército nunca realizó los cobros.
Conflictos de Interés y Falta de Transparencia
Otro aspecto preocupante es la detección de potenciales conflictos de interés en la administración de cuentas corrientes del Ejército, involucrando a dos altos oficiales del área financiera con vínculo de afinidad en primer grado (cónyuges). Además, el Ejército no registró en su contabilidad deudores por más de 2.312 millones de pesos, lo que impide una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos.
Respuesta del Ejército y Acciones de la Contraloría
Ante estas observaciones, el Ejército ha respondido que ha iniciado un plan de trabajo para mejorar la gestión de cobro y reducir la generación de pagos indebidos. Sin embargo, la Contraloría determinó que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas. Además, se detectó que en 2023 la institución aplicó descuentos automáticos a funcionarios sin autorización de la Contraloría, lo que constituye una violación a la ley.
La Contraloría ha ordenado el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y evaluar posibles juicios de cuentas para recuperar los montos adeudados. También ha exigido al Ejército presentar un plan concreto de regularización en un plazo de 60 días hábiles.
Este informe expone una falta de control sistemática en el manejo de recursos en el área de remuneraciones del Ejército, permitiendo que pagos indebidos se mantengan impagos por años, incluso con deudores fallecidos sin ser sacados de los balances generales. La falta de registros adecuados y la ineficiencia en la gestión de cobro han generado un detrimento patrimonial significativo para el Estado.
