Después de una larga espera de 7 años, el juicio por la fallida Operación Huracán ha dado inicio. El proceso se vio marcado por un incidente clave: la petición de inhabilidad del cuarto juez, José Ignacio Rau, que fue rechazada por el Tribunal Oral de Temuco.
La defensa del acusado general en retiro de Carabineros, Gonzalo Blú, argumentó que Rau había emitido una declaración en 2018, cuando era dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas Malleco-Cautín, calificando los hechos de la causa Huracán como graves. Esto, según la defensa, le haría perder imparcialidad para resolver el caso.
Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la recusación amistosa, aplicando un receso hasta el próximo 20 de marzo. La jueza presidente de la Sala, Rocío Pinilla, explicó que si la defensa decide recurrir formalmente ante la Corte de Apelaciones, la audiencia podría postergarse nuevamente.
Acusaciones y Responsables
En este juicio, 11 personas enfrentan cargos, entre ellos 10 funcionarios de Carabineros y un civil, Alex Smith. Las acusaciones incluyen delitos como asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Según la abogada defensora penal privada, Karina Riquelme, quien representa a comuneros mapuches de Temucuicui, las pruebas falsas introducidas en los teléfonos celulares de los detenidos fueron el resultado de un montaje por parte de los equipos de Inteligencia de Carabineros.
Uno de los comuneros mapuche detenidos, Rodrigo Huenchullán, aseveró que no están siendo enjuiciados todos los responsables del montaje que les afectó.
Implicaciones y Perspectivas
Este juicio tiene implicaciones cruciales para la institucionalidad y la confianza pública. Según la abogada Riquelme, en esta causa está en juicio la institucionalidad por los graves hechos que quedaron al descubierto.
El fiscal regional (s) de Aysén, José Moris, quien lidera el equipo del Ministerio Público, advirtió que si la defensa recurre a la Corte de Apelaciones, la audiencia podría postergarse nuevamente, prolongando aún más este proceso.
Con 99 jornadas programadas, el juicio está previsto hasta agosto de este año, pero su desenlace tendrá un impacto significativo en la percepción de la justicia y la transparencia en el país.
