Rodrigo Duterte, el polémico expresidente de Filipinas, ha sido detenido en el aeropuerto de Manila después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto en su contra por crímenes contra la humanidad relacionados con su brutal campaña antidrogas durante su mandato.
La detención se produjo cuando Duterte, de 79 años, regresaba de un viaje a Hong Kong, donde había participado en un evento electoral previo a los comicios de mitad de mandato del 12 de mayo. Según las autoridades filipinas, la orden de arresto fue emitida por Interpol y entregada a las fuerzas de seguridad del país.
La campaña antidrogas de Duterte, que se extendió durante su gobierno de 2016 a 2022, ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Según cifras oficiales, unas 6.000 personas murieron en operativos antinarcóticos, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro, y debe ser trasladada a La Haya (Países Bajos) lo antes posible, declaró Kristina Conti, la abogada que presentó el caso ante la CPI.
Ruptura entre los Duterte y los Marcos
La detención de Duterte se produce en medio de una sonada ruptura entre su clan familiar y el del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr. Duterte, conocido por sus polémicas declaraciones, había llegado a calificar a Marcos de «drogadicto», evidenciando las tensiones entre ambas familias.
Mientras su padre enfrenta la justicia, la hija de Duterte, Sara, quien fue elegida vicepresidenta en las elecciones de 2022, se enfrenta a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos públicos de manera indebida.
Reacciones y Próximos Pasos
La detención de Duterte ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sus seguidores han pedido calma y oraciones por el expresidente, cuestionando la legalidad de su arresto. Por otro lado, los partidos y organizaciones críticos con Duterte han celebrado la noticia.
Ahora, las autoridades filipinas deberán determinar si extraditan a Duterte a La Haya para que enfrente los cargos de la CPI. Este proceso podría generar nuevas tensiones políticas en el país, con implicaciones tanto a nivel nacional como internacional.
El caso de Duterte se perfila como un importante hito en la lucha contra la impunidad y los abusos de poder, y servirá como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, incluso los más poderosos líderes políticos.
