La Fiscalía Regional de Coquimbo ha formalizado a dos nuevas personas, un hombre y una mujer, en la investigación por fraude que afectó a los recursos de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. Esta causa, que ya había sido formalizada el 31 de enero de 2025, ahora suma un total de 20 personas imputadas.
Según los antecedentes expuestos, la investigación ha revelado una compleja red de defraudación al fisco, donde se habría contactado a terceros para realizar una serie de labores que nunca habrían existido, pero que presuntamente derivaron en el pago indebido de recursos municipales. Esto habría involucrado la facilitación de cuentas, devoluciones de dinero, cobros de comisiones y el uso de fondos para otros fines.
Programas Sociales Afectados
Los programas municipales perjudicados por este fraude corresponden a atenciones en Centros de Salud Familiar, rehabilitación de drogas y atención a menores con medidas cautelares o condenas. Esto ha generado un impacto directo en los servicios de salud y asistencia social que la Corporación Municipal brindaba a la comunidad.
Medidas Cautelares y Avance de la Investigación
En la audiencia del 31 de enero, 4 de las 17 personas formalizadas quedaron en prisión preventiva, mientras que otras 13 recibieron otras medidas cautelares. Posteriormente, una persona más fue formalizada en la causa.
La Corte de Apelaciones de La Serena ha mantenido la prisión preventiva de estas 4 personas, destacando el «carácter del delito en que la defraudación se comete, vulnerando servicios de salud que se presta por la corporación de salud».
Actualmente, el Juzgado de Garantía de La Serena ha ordenado 100 días para que la Fiscalía complete las diligencias de investigación. Tanto la Municipalidad como la propia Corporación Municipal se han constituido como querellantes en el proceso, junto con los antecedentes aportados por la Contraloría General de la República.
Impacto en la Comunidad
Este caso de fraude millonario ha generado una profunda preocupación en la comunidad de La Serena, ya que los recursos desviados estaban destinados a programas sociales y de salud que beneficiaban directamente a los ciudadanos más vulnerables. La investigación en curso busca esclarecer la magnitud del daño y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
