La defensa de la diputada Catalina Pérez, liderada por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, ha cuestionado los fundamentos de la sentencia que acogió la solicitud de desafuero de la parlamentaria. Según los letrados, el fallo no contiene argumentos sólidos que justifiquen su decisión.
Los abogados señalan que la investigación del Ministerio Público, que se ha extendido por más de un año y medio y consta de 33 tomos, no demuestra la participación de la diputada Pérez en la adjudicación de los convenios que son el centro de la acusación. Además, indican que los mensajes de WhatsApp en los que se basa la solicitud de desafuero son posteriores a la suscripción de los convenios, ocurrida en septiembre y octubre de 2022.
Ausencia de Responsabilidad Comprobada
Según la defensa, el informe pericial contable de todas las cuentas bancarias de la diputada Pérez revela que ella no recibió un solo peso de estos convenios. Asimismo, todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación.
Los abogados afirman que el fallo no afirma la responsabilidad de la diputada Pérez en los hechos, ni su participación, sino que se refiere a ellos en términos únicamente potenciales y eventuales. Por esta razón, anuncian que apelarán ante la Corte Suprema, convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero.
Confianza en la Corte Suprema
La defensa de la diputada Catalina Pérez confía en que la Corte Suprema acoja sus argumentos y revoque la decisión de desafuero, al considerar que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación.
