En un caso que sacude los cimientos de la institución militar, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Centro Norte ha solicitado 20 años de cárcel para el exjefe de Inteligencia del Ejército, el general (r) Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, en el marco de la denominada Operación Topógrafo.
Según la acusación presentada, entre 2016 y 2018, Nazal, en su rol de director de Inteligencia del Ejército (DINE), ordenó y supervisó operaciones ilegales de interceptación de señales de telefonía móvil, utilizando autorizaciones judiciales secretas obtenidas del exministro Poblete. Estas intervenciones, al margen de la ley, no estaban vinculadas a la seguridad nacional, el combate al terrorismo o el crimen organizado, como exige la normativa.
De hecho, las víctimas de estas escuchas ilegales incluyen a denunciantes de irregularidades, periodistas e incluso personal del propio Ejército, como el excapitán Rafael Harvey Valdés y el periodista Mauricio Weibel Barahona. Además, se utilizaron nombres falsos en los oficios para ocultar las identidades de las personas interceptadas.
Un Escándalo que Sacude las Altas Esferas
La Operación Topógrafo ha puesto en evidencia graves abusos de poder y violaciones a los derechos fundamentales por parte de altos mandos militares y autoridades judiciales. El caso ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de instituciones clave para la democracia.
Este tipo de prácticas ilegales y abusivas no pueden ser toleradas en una sociedad que se precie de ser democrática y respetuosa de los derechos humanos
, señaló un experto en seguridad nacional consultado por nuestro medio.
Consecuencias y Llamado a la Rendición de Cuentas
La solicitud de 20 años de cárcel para Nazal y Poblete es un claro mensaje de que no habrá impunidad para quienes abusen de su poder y posición para violar los derechos de los ciudadanos. Asimismo, este caso ha generado un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de las instituciones militares y judiciales, con el fin de evitar que se repitan este tipo de escándalos en el futuro.
La sociedad chilena espera que este proceso judicial marque un precedente y que los responsables rindan cuentas por sus acciones, en aras de recuperar la confianza en las instituciones y preservar el Estado de Derecho.
