El Colegio de Abogados ha expresado su preocupación ante el recorte presupuestario de $17 mil millones que afecta al Poder Judicial. En un comunicado, el consejo general del gremio señaló que si bien en épocas de dificultades económicas es necesario ajustar los presupuestos estatales, esto no puede aplicarse a áreas indispensables como la administración de justicia.
Según el Colegio, la reducción de fondos podría infringir los compromisos internacionales que obligan al Estado a proporcionar los recursos necesarios para garantizar una correcta administración de justicia. Esto haría urgente que se revierta la decisión, ya que la falta de financiamiento podría agravar los problemas que ya aquejan al Poder Judicial, como el retraso en la tramitación de causas y el aumento exponencial de casos.
Principios Constitucionales en Riesgo
El comunicado enfatiza que en la aprobación del presupuesto del Poder Judicial deben respetarse los principios de independencia externa y debido proceso. Esto implica que no se puede alterar la dotación de jueces ni sus remuneraciones, y que el Poder Judicial debe contar con los recursos humanos, infraestructura y medios necesarios para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución.
Llamado a Revertir la Decisión
Ante esta situación, el Colegio de Abogados ha hecho un llamado al Estado para que demuestre su real y efectiva preocupación por esta materia esencial para asegurar la existencia de una democracia regida por un Estado de Derecho. Esperan que se adopten las medidas necesarias para que los recortes presupuestarios no afecten el desempeño eficaz y oportuno del Poder Judicial.
