La reforma de pensiones, recientemente aprobada por el Congreso, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones fiscales a nivel nacional. Según un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Estado deberá hacer frente a un gasto adicional de más de $3.213 millones para el año 2050, lo que incluye el aumento en la cobertura y monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el alza de las cotizaciones para los funcionarios públicos, entre otros aspectos.
Pero el impacto fiscal de esta reforma no se limita solo a los mayores gastos. Se prevé también una disminución en la recaudación del impuesto global complementario, debido a los mayores costos que deberán asumir las empresas. Esto se traduciría en $1.755 millones menos para las arcas fiscales hasta el 2050.
Al sumar ambos conceptos, el impacto fiscal total de la Reforma de Pensiones alcanzaría los $4.968 millones, equivalente al 1,7% del PIB, según los cálculos de la Dipres. Esto representa un desafío significativo para las finanzas públicas en los próximos años.
Análisis del Consejo Fiscal Autónomo
Ante esta situación, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha decidido estudiar a fondo las implicaciones de la reforma para las finanzas públicas. Entre sus acciones, se encuentra la solicitud de un informe detallado a la Dipres sobre los efectos fiscales de la iniciativa, el cual sería entregado en las próximas horas.
Además, el CFA ha convocado a expertos en el tema para reflexionar sobre las proyecciones y posibles recomendaciones, incluyendo la consulta a organismos internacionales. Este análisis exhaustivo busca garantizar que el Estado esté preparado para asumir los costos y desafíos que conlleva la implementación de la nueva reforma de pensiones.
Perspectivas y Desafíos a Futuro
Si bien la reforma de pensiones es considerada un avance significativo, es innegable que su implementación tendrá un impacto considerable en las finanzas públicas. Esto plantea la necesidad de buscar soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo, que permitan garantizar la viabilidad del sistema de pensiones sin comprometer el equilibrio fiscal del país.
En este contexto, la participación activa de expertos, organismos internacionales y el propio Consejo Fiscal Autónomo será fundamental para analizar y proponer alternativas que mitiguen el impacto fiscal de la reforma. Solo así se podrá asegurar que los beneficios de esta iniciativa se traduzcan en una mejora real y sostenible para los futuros jubilados, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.
