En un fallo contundente, dos empresarios acuícolas de la región de Los Lagos han sido condenados a 3 años y un día de libertad vigilada, además de una multa de 200 millones de pesos, por delitos de fraude tributario. Este caso pone de manifiesto la necesidad de mantener altos estándares de integridad y responsabilidad fiscal en la industria.
Según las investigaciones, los empresarios de 48 y 58 años de edad, respectivamente, habían implementado un sofisticado mecanismo para aumentar indebidamente su crédito fiscal y, de esta manera, defraudar al Estado. Mediante la facilitación de facturas ideológicamente falsas, emitidas por empresas con domicilio en Puerto Aysén, lograron concretar este ilícito durante un período de 3 años.
El papel clave del Servicio de Impuestos Internos
El fiscal de Aysén, Jaime Rojas, destacó que la investigación y posterior condena fueron posibles gracias a la labor de fiscalización realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes detectaron las irregularidades que llevaron al descubrimiento de estos delitos de fraude tributario.
Lecciones para la industria acuícola
Este caso sirve como un recordatorio contundente de la importancia de mantener prácticas empresariales éticas y transparentes en la industria acuícola. La confianza de los consumidores y la integridad del sector dependen del compromiso de los empresarios con el cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias.
La transparencia y el pago de impuestos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la industria acuícola. Este caso debe servir como una lección para que todos los actores del sector se mantengan fieles a estos principios, afirmó el fiscal Rojas.
Más allá de las sanciones impuestas, este caso resalta la necesidad de fomentar una cultura de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas en la industria acuícola. Solo así podremos asegurar que el crecimiento del sector se produzca de manera justa y sostenible, en beneficio de toda la comunidad.
