Después de décadas de impunidad, la justicia finalmente ha condenado a tres excarabineros por su participación en el secuestro y tortura de los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay en 1973, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El ministro en visita por causas de violaciones a los Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, sentenció a Luis Oyarzún, Hans Schernberger y José Godoy a 15 años y un día de prisión, además de inhabilitarlos de por vida para ejercer cargos públicos y derechos políticos. Esto, por su responsabilidad como autores del delito de secuestro calificado de los hermanos Barría Bassay.
Asimismo, los exfuncionarios fueron condenados a 5 años de prisión por el delito de apremios ilegítimos aplicados a las víctimas. En el ámbito civil, el ministro ordenó al Fisco a pagar una indemnización de 710 millones de pesos a los familiares de los hermanos Barría Bassay por concepto de daño moral.
Los Hechos Horrendos
Según lo establecido, el 16 de octubre de 1973, los hermanos Barría Bassay, de 27 y 19 años respectivamente, fueron detenidos por una patrulla de al menos 10 carabineros mientras realizaban labores en el fundo Los Riscos. Los uniformados, provenientes de la Comisaría de Osorno, golpearon a los jóvenes y los obligaron a desnudarse, dejándolos solo en ropa interior.
Posteriormente, los hermanos fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros de Río Negro, donde fueron encerrados en calabozos subterráneos y sometidos a nuevas golpizas. Según testimonios, el capitán Schernberger ordenó llevar a Guido Barría a una zona rural, donde fue arrojado al río Esmeralda, donde se ahogó. Hasta el día de hoy, no se ha dado a conocer el paradero de los restos de los hermanos.
Justicia Tardía, pero Necesaria
Esta condena, si bien llega décadas después de los hechos, representa un paso importante en la búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas durante la dictadura de Pinochet. Lamentablemente, muchos de los responsables han fallecido sin enfrentar las consecuencias de sus actos, pero este veredicto envía un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes.
Ahora, corresponde a las autoridades continuar investigando y sancionando a todos los involucrados en estos y otros casos de violaciones a los derechos humanos. Solo así podremos honrar la memoria de las víctimas y asegurar que estos hechos horrendos no vuelvan a repetirse.
