Gobierno Rechaza Acusación Constitucional Contra Ministra Tohá
En una contundente declaración, el Gobierno ha salido en defensa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmando que la acusación constitucional presentada en su contra carece de todo sentido y fundamento. El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, ha sido enfático al señalar que la Constitución establece causales explícitas que pueden servir de justificación para la presentación de acusaciones, pero no es el caso de la que se ha presentado contra la ministra Tohá.
Esta acusación, presentada por la bancada de Republicanos, ha sido calificada por el Gobierno como un intento infundado de desestabilizar al Ejecutivo. Elizalde ha lamentado que se haya insistido en esta medida, que no cuenta con los méritos necesarios para prosperar.
Rechazo a Acusación Contra el Presidente Boric
Cabe recordar que la bancada de diputados de RN había anunciado además una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, esta fue desestimada luego de que el propio presidente de RN la rechazara. Elizalde ha valorado esta decisión, señalando que la acusación contra el Presidente Boric carecía de todo fundamento, por eso valoramos que finalmente se haya tomado la decisión de no presentar una acusación que da cuenta de la necesidad de ser muy responsable a la hora de utilizar estos instrumentos en el marco de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados.
Llamado a la Responsabilidad
El Gobierno ha hecho un llamado a la responsabilidad en el uso de las herramientas constitucionales, como las acusaciones, enfatizando que deben estar debidamente justificadas y fundamentadas. Esta postura refleja la determinación del Ejecutivo por defender la estabilidad institucional y rechazar intentos de desestabilización que carezcan de sustento.
Conclusión
El Gobierno ha salido en defensa de la ministra Tohá y ha rechazado enérgicamente la acusación constitucional presentada en su contra, calificándola como carente de todo sentido y fundamento. Esta postura refleja la voluntad del Ejecutivo por preservar la institucionalidad y actuar con responsabilidad en el uso de los mecanismos constitucionales.
