Gobierno Invierte Más de $4 Mil Millones para Apoyar a Víctimas de Violencia Rural en 5 Regiones
En un esfuerzo por reparar el daño causado por la violencia rural en varias regiones de Chile, el Gobierno ha anunciado un programa de apoyo económico de más de $4,268 millones de pesos. Este programa, denominado Programa de Apoyo a Personas Afectadas por Eventos de Violencia Rural, tiene como objetivo contribuir a la reposición de las actividades económicas de empresas y emprendedores que han sido víctimas de estos actos de violencia.
Beneficios y Requisitos del Programa
Según la información proporcionada, las víctimas que posean un giro comercial formalizado podrán optar a un monto de $60 millones de pesos, mientras que aquellos que se encuentren en proceso de formalización podrán acceder a $10 millones de pesos. Los beneficiarios del programa abarcan las regiones de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Reparación del Daño y Estrategia Integral
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que la entrega de estos recursos es una obligación que tiene el Estado de reparar el daño causado a las víctimas
. Además, recalcó que la estrategia implementada en la Macrozona Sur, específicamente en la región de La Araucanía, no solo se enfoca en la persecución penal y el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales, sino también en la necesidad de llegar desde el Estado para tratar de reparar o mitigar el daño que ha afectado a las víctimas.
Antecedentes y Cifras
Según los datos proporcionados por la Delegación Presidencial Regional, entre el año 2017 y 2023 se han entregado $19,784 millones de pesos a un total de 629 beneficiarios, todos ellos víctimas de la violencia rural.
Conclusión
Este programa de apoyo económico demuestra el compromiso del Gobierno de Chile por reparar y mitigar los daños causados por la violencia rural en varias regiones del país. Al brindar asistencia financiera a las empresas y emprendedores afectados, se busca contribuir a la reactivación y fortalecimiento de sus actividades económicas, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en las comunidades y economías locales.
Es importante destacar que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que abarca no solo la persecución penal, sino también la protección y reparación de las víctimas. Esto refleja un enfoque holístico y comprometido por parte del Gobierno para abordar los desafíos de la violencia rural en Chile.
