Jueza Graciel Muñoz Sancionada por Teletrabajar Irregularmente desde Italia
La Corte de Apelaciones emitió una resolución sobre la investigación de la titular del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, jueza Graciela Muñoz, por teletrabajar desde Italia de forma irregular. La Corte impuso a la magistrada la medida disciplinaria de amonestación privada.
Cabe recordar que la jueza Graciel Muñoz es hija del juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y en junio de 2023, el área de investigación de Radio Bío Bío y BioBioChile reveló que la abogada trabajó desde Italia, lo que vulneraba el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales.
Las Acusaciones contra Graciel Muñoz
La investigación de la Corte de San Miguel planteaba tres acusaciones contra Muñoz:
- Haber realizado sus labores como Juez de la República fuera de los límites establecidos en la Constitución Política y el Código Orgánico de Tribunales.
- Haber informado como lugar para realizar el teletrabajo su domicilio particular en Chile, cuando en realidad trabajó de forma remota solo en ocasiones y de manera discontinua durante los años 2020, 2021 y 2022.
- Haber colocado en riesgo a su propio empleador, el Poder Judicial, debido a sus constantes salidas e ingresos al país durante la crisis sanitaria, lo que incumplía las medidas que el Poder Judicial estaba obligado a cumplir según la Ley N° 16.744 de accidentes del trabajo.
La Sanción Impuesta
Sin embargo, el fallo de la Corte de Apelaciones solo acogió el segundo punto, sancionando a Muñoz con una amonestación privada, por no corregir una declaración donde debía indicar que residía en Italia para cuidar a su madre.
Conclusión
Esta sanción a la jueza Graciel Muñoz por teletrabajar irregularmente desde Italia pone de manifiesto la importancia de cumplir con las normas y regulaciones establecidas para el teletrabajo en el sector público. Las autoridades deben velar por la transparencia y el correcto desempeño de los funcionarios, independientemente de su posición o vínculos familiares.
Es crucial que los servidores públicos respeten los límites geográficos y las condiciones establecidas para el ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar la eficiencia y la confianza en el sistema judicial.
